El Salvador es un territorio de alta vulnerabilidad en donde las mujeres y la niñez siempre resultan perjudicadas en cada desastre. A pesar de eso no cuenta con una política integral de gestión de riesgos que, entre otras cosas, serviría para anticiparse a posibles escenarios de desastres socio-ambientales y elaborar planes de reducción de las causas generadoras de riesgos en coordinación con la comunidad.
Por Ezequiel Barrera, Mario Beltrán, 29/dic/2014
La mujer salvadoreña es la más afectada, junto a sus hijos, en cada desastre socio-ambiental que sucede en el país. Y paradójicamente es la más interesada en colaborar con su comunidad en gestión de riesgos para prevenir posibles escenarios de desastres. Su vulnerabilidad es producto, principalmente, de su género que le agrega un peso extra a su forma de subsistencia, y luego de desastres le cuesta el doble de trabajo volver a la “normalidad” porque debe cuidar sus hijos al mismo tiempo que busca el alimento en un modelo económico que le ofrece pocas oportunidades.
—Las mujeres, pienso yo, somos más conscientes de la situación ambiental— manifiesta Carlota Martínez, lideresa del Caserío El Guayabo en Ahuachapán, un lugar que ha sido inundado en varias ocasiones por el desborde del río Paz, fronterizo con Guatemala.
Carlota es una mujer fornida, morena y a simple vista se le nota el interés por la comunidad. Muestra de eso es que mientras platicamos con ella atiende a personas con las que habla sobre el trabajo que realizarán en 2015 a partir de un mapa de riesgos y recursos de la comunidad que elaboraron junto a la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
—¿Los hombres no apoyan?— preguntamos.
Sí, pero quizá porque nunca están en casa no lo muestran. Quizá porque somos más mujeres aquí y sentimos cómo nos afecta, quizá por eso somos las más interesadas en hacer gestión de riesgo— comenta.
Las mujeres también son las más vulnerables porque a pesar de que El Salvador cuenta desde 1998 con una Ley de Medio Ambiente; desde 2005 con una Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; y desde 2010 con una Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; aún no cuenta con una política pública orientada a la gestión integral de riesgo que garantizaría la articulación del Estado para anticiparse a posibles escenarios de desastres y desarrollar estrategias para erradicar las causas generadoras de tragedias socio ambientales en coordinación con las comunidades.
Por la carencia de esa política es que, según un diagnóstico de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) presentado en octubre 2014, no se puede reducir la vulnerabilidad del territorio nacional que alcanza el 88.7%, y a eso hay que añadirle que la tendencia de pérdidas económicas por desastres va en aumento, pasando de 1998 con el huracán Mitch que alcanzó el 2.3% del PIB, hasta alcanzar en 2011 el 4% del PIB con la depresión tropical 12E. Ese mismo diagnóstico también afirma que las mujeres y la niñez han sido los sectores de la población más afectados en cada tragedia.
Por su parte Gregorio Villanueva, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), aplaude los avances del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para la construcción de un plan de cambio climático, la integración del Ministerio de Agricultura y la labor del Ministerio de Educación que está haciendo de las escuelas un actor importante en la comunidad más allá de ser simplemente un albergue. Pero cree que todavía hay más por hacer.
—Las alertas tempranas del MARN deberían estar enfocadas también a la sequía y no solo a los desastres— lamenta.
—Y en materia legislativa y normativa ¿qué hace falta en el país para tener una política integral de gestión de riesgo?— preguntamos.
—Vaya, hay que partir de que el desastre es una construcción social que es producto de un modelo de desarrollo, que va más allá de la naturaleza. Tiene que ver con las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales e ideológicas que construyen un problema llamado vulnerabilidad. Entonces, a nivel legislativo se tiene que prohibir la minería, aprobar la ley de agua, la soberanía alimentaria… esto como parte importante hacia una política de gestión de riesgo.
—¿Y por qué no se aprueban esas leyes en la Asamblea?
—Existen intereses económicos.
Gregorio señala que con una política de gestión integral de riesgos se tocarían intereses de empresarios que tienen poder y que tienen defensores en la Asamblea Legislativa, entre los cuales se pueden mencionar a los partidos de derecha.
Para David Vásquez, representante de la MPGR y facilitador del tema en las comunidades, “mientras no haya una política integral de gestión de riesgo solo se estarán atendiendo los desastres que se vayan dando y el país no podrá anticiparse a posibles escenarios de desastres para tomar cartas en el asunto, y tampoco se podrá prevenir que las mujeres sigan siendo las más afectadas”.
Por su lado el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dice que están haciendo su parte por tener una política de gestión de riesgo, muestra de eso es que han desarrollado jornadas de capacitación en el tema durante estos años.
Sin embargo, mientras no haya una política de gestión de riesgo las cosas no serán tan fáciles para mujeres como Carlota y su caserío El Guayabo, donde la preocupación por el desborde del río sigue latente con cada invierno. Y aunque cuenta con la capacitación de UNES, con la colaboración de Protección Civil, la Policía, la Alcaldía y otras organizaciones, hace falta que haya un esfuerzo a nivel del Estado y no solo local, que facilite las cosas.
—Quisiéramos —explica— que por lo menos le hagan la borda al río.
—¿Quién debería hacerlo?
—Nosotros tenemos que movernos como comunidad para gestionar esto. Sería más fácil que haya una política y que fuera el Estado que se preocupara por esto.