La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) considera altamente preocupante el actuar de instituciones “garantes de la justicia” en el país que dolosamente trasgreden el sistema constitucional el cual se fundamenta en la instrumentalización normativa para el control del poder en las diferentes esferas de la realidad, sin eximir incluso al poder judicial y sus operadores de justicia como la Fiscalía y los Jueces.
Así mismo, las medidas iniciadas en contra de miembros de organizaciones Querellantes en el caso Flores (FESPAD e ISD), marcan un precedente vergonzoso, intimidatorio y represivo en la búsqueda la Justicia en el país, en donde casos emblemáticos que darían la pauta para recuperar la credibilidad en el sistema judicial se convierten en una muestra más de prepotencia, manipulación corrupción y desgano en la búsqueda de justicia, que trastoca temas prioritarios para la dignidad de la sociedad salvadoreña.
Por otro lado, en el tema ambiental son muchas las decepciones que el sistema judicial ha representado para los salvadoreños y salvadoreñas para muestra el Caso Record, en el cual a pesar de que tanto la fiscalía como las instituciones querellantes trabajaron y aportaron suficiente prueba pericial, documental y testimonial sobre la contaminación ambiental agravada, que producía la fábrica de baterías “record”, los acusados fueron dejados en libertad y la responsabilidad civil por el daño causado no fue exigida ni mucho menos resarcida; en esa lógica la desaparición de los fondos donados por el Gobierno de Taiwán, que se pretendía se usaran en labores de Gestión de Riesgo y reconstrucción de la zona de las Colinas, las irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, y todo el daño ambiental causado en la finca El Espino, el amañado contrato entre CEL y ENEL por mencionar algunos en donde ha privado otros intereses capaces de utilizar el sistema judicial a su antojo y conveniencia. Así lo expresaron Luis González y Benjamín Coreas ambos del Equipo de UNES.