La Unidad Ecológica Salvadoreña declara las empresas mineras no gratas y exige su pronto retiro del país y el pago de los costos procesales según resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El pasado 14 de octubre, se conoció que El Salvador ganó el litigio internacional contra la transnacional Pacific Rim- Oceana Gold, una empresa canadiense que reclamaba al Estado salvadoreño el pago de una indemnización de más de $250 millones, por no permitir la explotación del subsuelo en la mina El Dorado, en el departamento de Cabañas.
La resolución emitida indica que el estado no debe pagar la indemnización pretendida por la empresa minera, y plantea que la empresa debe pagar al estado 8 millones de dólares en concepto de costos procesales. Además, el Laudo del Tribunal reafirma la necesidad de concretar la aprobación de una Ley que prohíba la minería metálica en El Salvador.
“Considerando los daños y el impacto causados por Pacific Rim-Oceana Gold, exigimos que la empresa pague en el corto plazo y pedimos este dinero sea utilizado para la restauración ambiental de los territorios afectados en Cabañas y para resarcir a la familias de los y las ambientalistas que murieron defendiendo el territorio”. Comenta Luis Gonzales, representante de UNES.
Además, añade que tato el ejecutivo, como el Legislativo, deben impulsar todas las acciones para aprobar marcos normativos que prohíban la minería metálica en El salvador, y explica que el llamado para el ejecutivo es que apruebe una propuesta de decreto de prohibición de minería metálica, y a la Asamblea Legislativa que aprueben una Ley de Minería Metálica.