La Unidad Ecológica Salvadoreña, en alianza con organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas y de Guatemala y Honduras, presentó casos de impactos de agrotóxicos y monocultivos en la salud de la población y al medio ambiente frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .
Organizaciones sociales y población han venido luchando a nivel nacional desde muchos años para la prohibición de los agrotóxicos más dañinos, entre ellos los denominados “la docena sucia”, los cuales están prohibidos en muchos países pero se comercializan y utilizan abundantemente en El Salvador. Sin embargo, frente al rechazo del gobierno de discutir este marco jurídico de protección ambiental, el cual sin duda tocaría intereses económicos e empresariales, UNES decidió presentar una petición frente a una entidad internacional.
Yanira Cortez, miembro de UNES, explica que en los tres países centroamericanos en los últimos años se ha visto la preocupante intención de apostarle al monocultivo y al uso de los agrotóxicos, especialmente a la palma aceitera, al banano y, sobre todo en el caso de El Salvador, a la caña de azúcar. “En esta nueva forma de cultivo intensivo y a gran escala se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos que están causando serias afectaciones a los derechos humanos, principalmente en el acceso al agua, la alimentación y en la salud.”, detalla.
Según estudios realizados por diferentes instituciones, entre otras el Instituto Nacional de Salud y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el incremento de casos de enfermedades renales crónicas registrado especialmente en la población rural se debe a componentes tóxicos. No obstante, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida a nivel nacional para hacer frente a esta amenaza.
De cara a esta situación, UNES solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que analice las políticas públicas y regulaciones del Estados Salvadoreño en materia ambiental, de salud, manejo de agrotóxicos, medios de vida sostenibles, que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y a la salud, y que realice una visita al país para generar un informe en materia de agrotóxicos, monocultivos y sus impactos en los Derechos Humanos.
Además, organizaciones de los tres países exhortaron a la Comisión que solicite a los estados centroamericanos que promuevan el cese a la expansión de la agroindustria de los monocultivos que atenta contra derechos humanos y la forma de vida de pueblos indígenas, mediante políticas públicas claras agrarias, económicas y fiscales.