Bajo el abrazante sol de la mañana, decenas de personas entonaban consignas que exigían la protección del agua. “¡El agua no se vende, se cuida y se defiende! ¡Gota a gota el agua se agota!”, repetían con fuerza comunidades y organizaciones de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO). El 12 de julio de 2022, salieron a una de las principales arterias de la ciudad de Sonzacate, el bulevar “Las Palmeras”, para caminar de forma pacífica expresando su descontento con la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos.
La MESUTSO advierte que esta normativa, aprobada en diciembre de 2021 por la Asamblea Legislativa, contiene vacíos y amenazas, sobre todo por el establecimiento de pago de un “canon” para las Juntas de Agua, lo que puede poner en riesgo su funcionamiento.
“La normativa fue aprobada sin elementos suficientes para enfrentar la crisis hídrica y ambiental que atravesamos a nivel nacional. La vulnerabilidad a desastres provocados por eventos climáticos extremos, el aumento de la contaminación y degradación de las fuentes de agua a causa de la falta de una adecuada aplicación y monitoreo de la legislación ambiental a nivel nacional, seguirán ocurriendo. Los vacíos en la Ley nos indican que se ha perdido la oportunidad para corregir la estrategia de mercantilización de los pocos bienes comunes y naturales que nos quedan como país”, dice la MESUTSO en un comunicado.
Para expresar el descontento y proponer alternativas de solución, las comunidades y organizaciones caminaron a la sede departamental de la Asamblea Legislativa en Sonsonate, donde pretendían entregar un escrito a las y los parlamentarios. Sin embargo, el acceso no fue permitido por parte del personal de seguridad.
Debido al bloqueo, la correspondencia fue entregada a delegadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes se comprometieron a hacer llegar el documento a la sede legislativa.
“Consideramos que la entrada en vigencia de la LGRH y la construcción de su respectivo reglamento es una oportunidad para que el Estado salvadoreño, a través de instancias como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fiscalice y sea garante del cuido de los bienes naturales y no un otorgador de permisos ambientales que están acabando con los ecosistemas. Deben suspenderse los permisos de construcción de proyectos hidroeléctricos o extractivistas que amenazan los ríos o zonas de recarga acuífera”, expresa la MESUTSO.