De cara a la COP 28, la credibilidad de los gobiernos y del propio régimen climático internacional está en juego, debido al vínculo directo de la Presidencia de la COP con la industria petrolera y la influencia que la industria de los combustibles fósiles ha sostenido por décadas, para obstaculizar los avances en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Al tiempo que la crisis climática se convierte en una realidad ineludible, en los últimos años los Estados y las corporaciones, como la mencionada, han promocionado y puesto en marcha una incontable cantidad de propuestas de políticas y proyectos que prometen ser “recetas mágicas” para revertir esta crisis, o reducir los impactos resultantes por el incremento de uso de combustibles fósiles, de minerales o del cambio de uso de la tierra.
La ciencia nos está alertando que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedentes. En al menos los últimos 2,000 años el mundo ya se ha calentado +1,2°C, desde el periodo preindustrial. Además, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son más altas que en cualquier momento en los últimos 2 millones de años, cuando las temperaturas eran 2-4 °C y el nivel del mar era 10-25 m.s.n.m. mayor.
A pesar de contar con suficiente evidencia de la magnitud de la crisis, hemos llegado a la COP 28 sin propuestas que respondan a la gravedad de ésta, que aseguren la eliminación de la extracción y consumo de gas, petróleo o carbón, o la protección de las comunidades y la naturaleza. Más bien, hay un avance de las falsas soluciones que, en la práctica, han demostrado ser no solamente inútiles, sino que se utilizan como estrategia para continuar con el consumo de combustibles fósiles, acaparar tierras y generar nuevos espacios de lucro para los grandes contaminadores y las grandes transnacionales de la conservación.
Las propuestas de mitigación de emisiones, en este contexto, muchas veces asociadas las compensaciones de carbono, suelen presentarse de igual forma como soluciones al cambio climático, promoviendo la reproducción de injusticias e inequidades sociales, el ejercicio de prácticas abusivas, cometimiento de violaciones a los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza y, finalmente, acaban siendo promocionadas peligrosamente como grandes soluciones en el marco de una estrategia de
“greenwashing”, generando confusión y engañando a la población, así como evitando la exigencia masiva de soluciones reales nacidas desde los Pueblos Indígenas y afrodescendientes.
La degradación y las cargas ambientales se distribuyen geográficamente de manera desigual en los territorios-tierra-cuerpo e impactan de manera específica a aquellas poblaciones, personas y formas de vida con menor poder hegemónico patriarcal.
Desde la UNES, organización con más de 36 años de aporte a las luchas por la justicia ecológica y climática, demandamos y proponemos:
- Emprender, desde el ámbito internacional y nacional, transformaciones profundas al modelo de distribución, producción y consumo dominante, el cual es insostenible con la biocapacidad del planeta.
- Compromisos reales, coherentes con la ciencia y la realidad, para lograr la meta comprometida en el Acuerdo de París. Las emisiones globales deben ser 45% menos de las emisiones existentes en 2010 para el año 2030 y cero para el 2050.
- En temas de financiamiento: priorizar sectores y actividades de baja intensidad carbónica, y centradas en atender las necesidades básicas de las personas y sectores en condición de vulnerabilidad ambiental y climática.
- Destinar fondos desde los países responsables de cambio climático para la adaptación y la reparación de los daños y pérdidas en los países mayormente impactados por la crisis climática.
- Desde las y los afrodescendientes: demandamos derechos, entre ellos, a formar parte de la solución climática y la erradicación del racismo, por lo tanto, es necesario dirigir la adaptación climática y los fondos de mitigación a nuestras comunidades y territorios.
Lo anterior supone analizar las repercusiones raciales en materia de derechos humanos para toda acción climática y ambiental. Implica asegurar que las y los afrodescendientes sean debidamente consultados en los diversos procesos de toma de decisiones, en las políticas públicas y tratar las pérdidas relacionadas con el cambio climático y los daños sufridos por las comunidades marginadas como una acción de justicia racial y climática.
“Somos naturaleza defendiéndose”
UNIDAD ECOLÓGICA SALVADOREÑA
¡36 años de lucha ambientalista!