Al sur del departamento de Ahuachapán, las mujeres trabajan en colectivo para promover la soberanía alimentaria y nutricional como alternativa sustentable frente a las crisis climática y ambiental que vive el país y que afecta a las comunidades rurales.
En esta zona los efectos del cambio climático son evidentes. Muestra de ello son las altas temperaturas que afectan los cultivos, la contaminación producto de las industrias extractivas que está dañando los ecosistemas de manglar, la poca acción para detener el uso intensivo de agrotóxicos, entre otros.
Pese a estos escenarios, las comunidades se articulan para construir alternativas y hacer frente a las crisis climática, ecológica y alimentaria.
Como un aporte a estos esfuerzos, durante 3 años el proyecto “Potenciando procesos productivos sostenibles y resilientes para la seguridad y soberanía alimentaria”, ejecutado por Oikos – Cooperação e Desenvolvimento y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), cofinanciado por la Unión Europea en El Salvador; ha permitido a comunidades de Guaymango, Jujutla, San Francisco Menéndez en Ahuachapán, y Acajutla en Sonsonate, fortalecer sus capacidades para la protección de ecosistemas y la construcción de alternativas para la gestión de la seguridad alimentaria en sus territorios.
Entre los procesos más destacados realizados desde 2021 a 2024, los cuales tuvieron una financiación de €486,240.00, se encuentran la implementación de alternativas sustentables; en las cuales 80 familias cuentan ahora con herramientas para mejorar su calidad de vida con la incorporación de huertos agroecológicas para la producción sostenible de alimentos.
De esta manera, se ha dinamizado la economía familiar y comunitaria ya que, a través de procesos formativos brindados en el marco de este proyecto, han mejorando sus habilidades para el ahorro familiar, el registro de gastos/ingresos y el consumo responsable y diverso.
Estas iniciativas, permiten -principalmente a las mujeres- tejer redes locales para fortalecer capacidades, intercambiar experiencias y construir alternativas conjuntas. Además de los huertos, también se han creado bancos de semillas para recuperar especies nativas, resilientes a los efectos del cambio climático y el uso de sistemas de cosecha de agua y reciclaje de aguas grises para el riego de cultivos desde un componente innovador.
Las iniciativas también permiten a las familias abrir el camino hacia la construcción de la soberanía alimentaria, propuesta política que plantea impulsar sistemas alimentarios más justos e inclusivos, sostenibles y biodiversos.
Es necesario enfatizar que el enfoque transversal de todas las acciones realizadas ha sido el de género y el ecofeminismo, y ha contado con procesos formativos y jornadas sobre nuevas masculinidades.
El proyecto que este día está concluyendo, también ha permitido la reforestación y restauración de 10.5 hectáreas de bosque salado de manglar y de bosque dulce. De igual manera se ha formado a un grupo de 20 monitores/monitoras climáticas comunitarias quienes han asumido un rol de liderazgo en la gestión de riesgos y alerta temprana para minimizar el impacto por las afectaciones climatológicas y contribuir a la preservación de la vida en sus comunidades.
El fortalecimiento de 88 mujeres y 66 jóvenes en temas de derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación y al agua; la incidencia, contraloría y vocería ha sido clave para la defensa activa del medio ambiente y de sus territorios. Es necesario reconocer que estas personas han fortalecido a su vez, a 6 organizaciones locales más, promoviendo la réplica de conocimientos en otras personas organizadas y no organizadas.
Por otra parte, el proyecto ha permitido que los grupos asociados en PLAS (Planes Locales de Aprovechamiento Sostenible) hayan incrementado sus capacidades de venta y comercialización de los bienes de manglar que sustraen en conformidad con lo establecido por Ley.
No se puede omitir que este proyecto también mantuvo una fuerte apuesta por la generación de evidencias que sirvan como apoyo para la toma de decisiones: tres estudios exhaustivos están arrojando luz sobre la situación de los derechos de la población, incluyendo el impacto de la COVID-19, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Estado de la Soberanía Alimentaria en El Salvador.
Todo este trabajo no se hubiese desarrollado de la misma manera sin la colaboración con instituciones como la alcaldía de San Francisco Menéndez y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La ejecución de “Potenciando procesos productivos sostenibles y resilientes, para la seguridad y soberanía alimentaria”, refleja el compromiso de la Unión Europea con el impulso acciones -locales y nacionales- para promover la soberanía alimentaria y nutricional como alternativa sustentable frente a las crisis climática y ambiental que vive el país y afecta, principalmente, a las comunidades rurales.
Transmisión foro “Territorios tejiendo redes para la soberanía alimentaria y defensa del derecho a la alimentación”, en el marco del cierre de este proyecto.
