En el marco del Día Mundial del Agua, organizaciones y comunidades caminaron junto a la peregrinación por el 45 aniversario del magnicidio de San Romero, para expresar su rechazo a la minería metálica.
Respaldados por más de 50 firmas de ciudadanas y ciudadanos preocupados por la naturaleza, se solicitó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declare inconstitucional la Ley General de Minería, pues estos proyectos atentan contra la vida de todas las poblaciones y ecosistemas.
Los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería serían devastadores: destrucción de 2,000 km² de territorio, consumo masivo de agua, uso de cianuro y contaminación del río Lempa por siglos.
La demanda de inconstitucionalidad contra la ley se basa en seis argumentos: uno de forma, por falta de deliberación parlamentaria, y cinco de fondo, por violar derechos constitucionales como el acceso a un medio ambiente sano y el agua. Además, la ley facilita un fraude constitucional al permitir que el Estado participe en minería mediante asociaciones público-privadas sin los controles adecuados.
Desde los territorios también se movilizaron mujeres, juventudes, comunidades y organizaciones ambientalistas.
