Han tenido que pasar más de 17 años desde la publicación del decreto No. 33 aprobado en 1998 (publicado en el Diario Oficial No. 79 Tomo No. 339) que promulgó la ley de Medio Ambiente en donde mandata la creación de los tribunales con competencias ambientales, expresan miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
“Como ambientalistas creemos que esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia de postergar los tribunales ambientales es una maniobra inicial que responde a las cúpulas empresariales, que han y siguen viendo en el territorio y la Naturaleza la fuente de ingresos inagotables”, comenta Carolina Amaya, parte del Equipo de Coordinación de UNES.
Así mismo agregaron que la postergación de los Tribunales Ambientales hasta diciembre del 2014, ha sido una deuda de la Corte Suprema de Justicia, la cual la hace responsable de la impunidad histórica que junto a otros factores legales e institucionales han provocado la grave crisis socio-ambiental que enfrenta el país, que hoy por hoy se expresa en más del 90% del agua superficial contaminada; ríos importantes del país con tendencia a convertirse en quebradas de invierno; procesos acelerados de cambio de uso de suelo (4500 ha / año); urbanizaciones ilegales y desordenadas, situación que vale para que el país ocupe los primeros lugares en vulnerabilidad con 88.7% de su territorio y 95.4% de la población en situación de riesgo (UNDAC, 2010).
Finalmente hicieron un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a que cumplan con la Ley de Medio Ambiente, instalando los tribunales ambientales según los plazos establecidos y que promuevan campañas de información con el fin de que la población afectada por la impunidad ambiental tenga acceso a la justicia ecológica.