Lideresas y líderes comunitarios e integrantes de la Asociación Comunitaria para la Protección Ambiental Marino Costero Ahuachapán Sur, Istatén y del Comité de Microcuenca El Aguacate, del municipio de San Francisco Menéndez presentaron una denuncia ante el Tribunal Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura y Ganadería, por la sobreexplotación del agua en sus comunidades por parte de la industria cañera.
La población de la zona baja de Ahuachapán, conformada por 19 comunidades de la subcuenca El Aguacate son afectadas por la sobreexplotación del agua, ya que han verificado la construcción de represas que desvían el vital líquido de su cauce natural para dedicarlo al cultivo de caña.
La retención y extracción ilimitada de agua utilizada para los cultivos de caña impacta en más de 250 familias regantes que en su mayoría no tiene acceso al agua potable y dependen principalmente de la agricultura para vivir. También dicha situación provoca daños en el ambiente específicamente en la subcuenca El Aguacate y alteraciones en el ecosistema del Manglar en Garita Palmera, Ahuachapán.
Rafael Antonio Cruz, miembro de Istatén (Asociación Comunitaria para la Protección Ambiental Marino Costero Ahuachapán Sur), reconoce la importancia de una inspección por parte de las autoridades pertinentes para verificar la magnitud del daño en las comunidades y en el manglar ya que es una fuente de vida que está en peligro.
Gregorio Ramírez técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña, organización que da seguimiento a las problemáticas de estas comunidades, asegura que el río Aguacate ha sido intervenido por dos represas que absorben el agua que debería llegar a la población y es extraída para riego de caña a través de 3 máquinas que extraen alrededor de 900 litros de agua por minuto y esto reduce cantidad de agua que llega al manglar y a la población.
Ante esta situación exigen que tanto Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura y Ganadería verifiquen si dicha intervención en el río Aguacate cuenta con los permisos necesarios de lo contrario procedan con las sanciones que estipula la Ley de riego y Avenamiento y la Ley de Medio Ambiente.
Las familias afectadas en representación de sus lideresas y líderes comunitarios esperan pronta respuesta de las autoridades y en especial del Tribunal Ambiental, ya que urge frenar la sobreexplotación de la cuenca por parte de la industria cañera antes que sea demasiado tarde.