La Asociación Ambiental Istatén (Asociación Comunitaria para la Protección Ambiental Marino Costero Ahuachapán Sur), Comité de Microcuenca de El Aguacate del Municipio de San Francisco Menéndez, Red de Ambientalistas en Acción y UNES presentaron una denuncia al Tribunal Ambiental contra el ingenio La Magdalena por el derrame de melaza que ha causado daño al río Paz y a la microcuenca del río Aguacate.
El día jueves 5 de mayo, en la noche, 900 mil gallones de melaza que desbordaron de una cisterna del ingenio azucarero La Magdalena se derramaron en los ríos Grande y San Lorenzo, que desbocan en el río Paz, provocando un desastre ambiental en la zona.
Monitoreos regulares realizados por liderazgos de la Asociación Istatén y el Comité de Microcuenca comprueban que el derrame ha tenido graves impactos en el agua y la biodiversidad de la zona baja del río Paz, y de la microcuenca del río El Aguacate, que es un brazo del río Paz, al punto que se han perdido todas las especies de peces del río. Además, el agua del río está turbia, mezclada con la melaza, lo que no permite que se pueda utilizar para el consumo humano, animal y riego. Adicionalmente, los peces muertos en sus aguas se están descomponiendo, lo que trae otros muchos impactos a nivel de contaminación y salud para las comunidades de la zona.
Álvaro Orellana Crespo, presidente de la Asociación Istatén, explica que las 18 comunidades de la zona baja de Ahuachapán Sur se ven afectadas por este derrame, que también ha impactado al 95% de biodiversidad de la zona, y pide que se responsabilice el Ingenio por el daño ocasionado.
Luis González de la UNES detalla que además de responsabilizar el Ingenio la Magdalena, a través de esta denuncia se pide que se repare el daño ambiental causado, no sólo sacando los peces muertos, sino además limpiando la melaza que se ha ciclado en el fondo del rio y sigue afectando a la biodiversidad, y que se contabilicen los daños y perjuicios de las comunidades por las afectaciones en sus medios de vida. En este sentido, explica González, “consideramos que la estimación de 4.9 millones de dólares hecha por el Ministerio del Medio Ambiente es poco”, y enfatiza que “es importante que el Tribunal tome cartas en el asunto y haga todas las acciones necesarias a revindicar la justicia ambiental”.