Diferentes organizaciones indígenas y ambientalistas reforzaron su compromiso de evitar que la construcción Fénix salga impune de las acusaciones de destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco y la contaminación del río Ceniza.

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), junto al Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco sumaron esfuerzos con organizaciones indígenas y ambientalistas que tienen como objetivo que la constructora Fénix, ligada a la inmobiliaria Salazar Romero, no salga impune de las acusaciones de destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco y la contaminación del río Ceniza, en Nahulingo, municipio del departamento de Sonsonate.

Salvador Recinos, representante de la UNES, indicó que el tribunal de sentencia de Sonsonate ha aplazado hasta en tres ocasiones una primera audiencia, permitiendo que el proyecto se desarrolle en una auténtica ilegalidad. Además, Recinos afirmó que de no respetarse el resto de la infraestructura de los 2500 años de historia del sitio arqueológico  Tacushcalco y los ecosistemas hídricos del río Ceniza “todas las acciones de estos movimientos ciudadanos buscarán un litigio internacional contra el estado salvadoreño”.

Según el integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, las nuevas autoridades del órgano ejecutivo tienen una gran oportunidad de sentar un precedente contra las empresas urbanísticas en territorio salvadoreño. “Le solicitamos a las autoridades a salir de la tradicional  dinámica en la que las empresas urbanísticas trabajan en este país: transgredir las leyes y normativas en materias ambientales y ahora culturales”, aseveró Recinos.

De igual manera, Salvador externó que “el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deben iniciar, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), un proceso en el que tomen control de inmediato de las instalaciones del proyecto urbanístico, con el objetivo de realizar inspecciones detalladas al respecto de las anomalías en materia ambiental, así como indagar sobre los impactos a los patrimonios culturales  de Tacushcalco”.

Por su parte, Román Cartagena, del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacushcalco, aseveró que “no pretendemos que el nuevo gobierno arregle en pocos días lo que se ha venido haciendo mal en décadas. Sin embargo, tenemos muchas expectativas de que se comience a proteger el patrimonio cultural y los recursos ambientales, como en todos los países desarrollados se hace. Conocer nuestras raíces, quiénes somos y de dónde venimos es vital para un pueblo”.

Finalmente, Sonia Gutiérrez, de las Asociación Uniendo Manos por El Salvador (ARUMES), agregó que la contaminación de la empresa inmobiliaria atenta contra la salud de los ciudadanos no solo de dicho municipio sino de todos aquellos donde desemboca el agua del río Ceniza. “Es preocupante la situación de Nahulingo porque esto agrava la contaminación de nuestros ríos. Nuestros pobladores lavan su ropa, se bañan, lavan su comida en los ríos y no es justo que estas empresas contaminen. Muchas enfermedades se están propagando actualmente. Exigimos al ministro de Medio Ambiente que tome cartas en el asunto”, sentenció Gutiérrez.