La última iniciativa política para regular los plaguicidas de El Salvador fue lanzada el 5 de septiembre de 2013. De hecho, en esa fecha, el Decreto 473 fue aceptado por la Asamblea Legislativa, estipulando, entre otras cosas, una lista de sustancias que deben prohibirse y la creación de un comité técnico para evaluar el riesgo para la salud y el medio ambiente de los plaguicidas. Desafortunadamente, esta idea, apoyada por el entonces presidente de la República Mauricio Funes, nunca se hizo realidad.
Ante el panorama, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) presenta la investigación: “Riesgos Ambientales y Sanitarios de los plaguicidas y fertilizantes utilizados en El Salvador. Estudio de caso de la Industria azucarera en la Subcuenca Brazo del río Paz”.