En el marco de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH) el próximo 12 de julio, comunidades del municipio de Sonsonate, al occidente de El Salvador, participan en jornadas informativas sobre el contenido de la normativa y los aspectos que aún no quedan claros.
Uno de los temas que más preocupa es la falta de certeza sobre el pago de cánones por parte de las Juntas de Aguas, por lo cual se realizan consultas y jornadas de estudio para que las comunidades conozcan sobre la Ley.
Esta acción se acompaña de forma simultánea de la gestión de espacios de articulación territorial dado que, si bien el acceso al agua es un tema común, existen otras problemáticas que afectan a la región hidrográfica Sensunapán-Banderas. Por tal motivo, en el municipio de Sonzacate, el Comité Intersectorial lidera iniciativas para la creación de mesas de diálogo en las que se ponga en debate temas relacionados a temáticas ambientales y culturales. Esta iniciativa es acompañada también por la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO).
A la defensa de los bienes naturales también se suman las acciones de incidencia para la protección de los bienes culturales. Es por ello que en las comunidades de Pushtan Sur (municipio de Nahuizalco) y San Ramón (municipio de San Antonio del Monte), se realizan esfuerzos de revitalización del etnoconocimiento, las cuales tienen el objetivo de recuperar y poner en valor los saberes y conocimientos indígenas para la sustentabilidad de la región hidrográfica.
Las comunidades indígenas exigen respeto a las maneras de gestionar el territorio, a sus formas de gobierno, culturas y tradiciones.
La crisis ambiental y de amenazas a la vida que se vive en los territorios, también se agrava con la expansión del monocultivo de la caña de azúcar. Por esto, organizaciones y comunidades de siete departamentos de El Salvador impulsan una campaña contra la expansión de esta industria denominada “Azúcar Amarga”, que tiene como objetivo avanzar en la creación de una política pública que regule la expansión de la industria azucarera y prohíba la utilización de activos y productos tóxicos en su producción.
Recientemente desarrollaron un “Encuentro Nacional de Comunidades Afectadas por el monocultivo de la caña de azúcar”, en el que se reflexionó sobre las prácticas nocivas utilizadas por las empresas cañeras como la quema, uso de agrotóxicos, contaminación de mantos acuíferos, desvío de ríos, etc, así como las acciones de resistencia que se realizan por parte de las comunidades.
Se recordó que uno de los problemas más graves provocados por la contaminación que genera esta industria es la Enfermedad Renal Crónica, que afecta a muchas personas de las zonas donde se cultiva la caña.
Todas estas actividades y procesos de acompañamiento se realizan en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para la defensa de los derechos ambientales y culturales en la región hidrográfica Sensunapán-Banderas, El Salvador”, ejecutado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y Paz con Dignidad, con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana.