Información general
| Nombre del conflicto | Presa El Chaparral: daño al río Torola |
| Localización | Centroamérica/EL Salvador/departamento de San Miguel/municipio de San Luis de La Reina, Carolina y San Antonio/comunidades |
| Coordenadas | (13.7857157, -88.3442580) |
| Ecosistema | Río Torola: tierras |
| Temporalización | Conflicto de data alta (2008-2023) |
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Origen del conflicto |
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| Actividad económica | Expropiación de tierras |
| Bienes y mercancías en disputa | Territorios, medio ambiente y fuentes comunitarias. |
Descripción del conflicto
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Presa El Chaparral: daño al río Torola |
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En 2004, el primer equipo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) realizó el estudio de impacto ambiental para la construcción de la represa Hidroeléctrica El Chaparral. Posteriormente en el año 2005, siguen las investigaciones técnicas de campo para el diseño básico del proyecto en mención. En el año 2008, Nicolás Salume, entonces presidente de la CEL, detalló que el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral costaría $219 millones y produciría 65.7 megavatios de energía para el consumo de 200,000 familias; en ese mismo año el entonces presidente Elías Antonio Saca, ordena el inicio de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, sin considerar las consecuencias medio ambientales, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), autorizó la construcción argumentando que hay manejo ambiental ajustado. Luego en 2010 la tormenta Agatha retraso la obra y se requirió rediseñarla; en 2013 se tenía previsto que se reiniciará la ejecución dicho proyecto, pero en el año 2012, CEL y la empresa italiana Astaldi S.P.A. decidieron extinguir el contrato por mutuo acuerdo, y debido a esto la autónoma le cancelaría $108 millones. En 2019, el ex presidente Mauricio Funes del partido FMLN (periodo presidencial 2009-2014) y cinco involucrados más son acusados por la Fiscalía General de la República de malversación de fondos en el proyecto El Chaparral (2012-2014). Desde septiembre de 2019, se inicia el proceso judicial, con sus respectivos peritajes que buscan determinar la responsabilidad patrimonial y penal de cada imputado y sociedades, y explicar cómo se distribuyó el dinero y activos destinados a dicho proyecto. En 2021, la Cámara Tercera de lo Penal rechaza la petición de embargo por $228 millones/dólares estadounidenses contra la empresa Astaldi, a causa de malversación de fondos de la antigua Presa El Chaparral. |
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Paralelismo con otro caso a nivel nacional |
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Desarrollo del conflicto
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Actores empresariales |
Astaldi S.P.A. |
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Actores gubernamentales |
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). |
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Sociedad civil movilizada |
Las comunidades pertenecientes a la zona norte de los municipios San Luis de La Reina, Carolina y San Antonio. |
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Incidencia y movilización en el caso |
A partir del año 2012 los habitantes de la zona del Rio Torola, denuncian el incumplimiento de lo acordado con la CEL, y de igual manera la preocupación de asegurar un nivel de vida adecuado en torno a la satisfacción de sus necesidades básicas como la seguridad alimentaria y acceso a su derecho a la salud. En 2013, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) enfatiza que la Corte de Cuentas de la República (CCR), y la Fiscalía General de la República (FGR) están obligadas a realizar auditoría económica, financiera y ambiental. Presumiéndose un posible fraude ambiental, social y económica. En el año 2019, se exige al gobierno electo y al Órgano Ejecutivo suspenda el desarrollo del proyecto de la represa El Chaparral debido a la magnitud de la crisis ambiental que provocara. |
Estimación de impactos patentes o potenciales
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Ambientales |
La zona del Río Torola, al norte de San Miguel, es la principal fuente de biodiversidad y de una zona de recarga hídrica. Su trastorno provoca agudizar la crisis ambiental y climática. |
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Socioeconómicos |
La construcción de la presa hidroeléctrica genera inseguridad jurídica, económica y alimentaria en los habitantes de la zona. Estos han sufrido expropiación de tierras, lo que afectó sus trabajos y su calidad de vida.
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Diferenciados en mujeres |
La falta de fuentes de trabajo, de producción ganadera o de agricultura provoca que las mujeres son afectadas en su soberanía alimentaria, por el sobre cargo de tareas y por ende su salud sea vulnerada. |
Visión a futuro
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Estado actual |
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Son alrededor de 23,200 familias, más de 50,000 personas afectadas con la destrucción de zonas de recarga hídrica y la pérdida de biodiversidad, porque la mayoría se dedican a la ganadería y agricultura en la zona norte del departamento de San Miguel. Todas las administraciones han decidido continuar con el proyecto pese a las diversas dificultades enfrentadas en la administración y ejecución del mismo. Sin embargo, el actual presidente Nayib Bukele cambia nombre de la presa “El Chaparral” a “Central Hidroeléctrica 3 de febrero” y ante las irregularidades de las pasadas administraciones (3 periodos presidenciales), plantea revisar el funcionamiento de dicho proyecto. |
Documentación del conflicto
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Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Foto EJAtlas, julio 2019 |
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Presa Hidroeléctrica | Foto La Prensa Gráfica, octubre 2021 |
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Reducidos por El Chaparral | Video elsalvadorcom, junio 2022 |
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